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Cientos de miles de víctimas civiles, más de 2 400 soldados estadounidenses muertos (además de ‎un número indeterminado de heridos), cerca de 1 000 millardos de dólares gastados. Ese es sólo ‎un rápido balance de los 19 años de guerra estadounidense en Afganistán. Pero también habría ‎que agregar a ese balance el costo de ese conflicto para los países miembros de la OTAN y para ‎otras naciones que han estado junto a Estados Unidos en esa guerra. Es un balance que ilustra el fracaso de Estados Unidos, incluso en el plano político-militar dado el hecho que la mayor parte ‎del territorio afgano está hoy bajo control de los talibanes o en disputa entre estos y las fuerzas ‎gubernamentales respaldadas por la OTAN. ‎

En ese contexto, y al cabo de largas negociaciones, la administración Trump alcanzó en febrero ‎pasado un acuerdo con los talibanes. Ese acuerdo prevé, a cambio de una serie de garantías, la ‎reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, de 8 600 a 4 500 militares. ‎
Por supuesto, eso no significa el fin de la intervención militar estadounidense en Afganistán, ‎que incluye la presencia de fuerzas especiales, de drones y de bombarderos estadounidenses en ‎suelo afgano. Pero ese acuerdo al menos abriría el camino a una desescalada del conflicto ‎armado. Sin embargo, pocos meses después de haberse alcanzado, el acuerdo fue roto, no por ‎los talibanes sino por los parlamentarios demócratas estadounidenses mediante la adopción en el ‎Congreso de una enmienda al Acta de Autorización, que asigna más de 740 000 millones al presupuesto del Pentágono para el año fiscal 2021. ‎
La enmienda aprobada el 2 de julio por la Comisión de las Fuerzas Armadas –con una gran mayoría ‎gracias a los votos de los demócratas– estipula que «se limita el uso de fondos en la reducción de ‎la cantidad de fuerzas desplegadas en Afganistán». También prohíbe al Pentágono gastar los ‎fondos a su disposición en cualquier actividad que reduzca la cantidad de soldados ‎estadounidenses presentes en Afganistán a menos de 8 000, con lo cual bloquea de hecho el ‎acuerdo antes mencionado. ‎
Es significativo que la enmienda haya sido presentada por el demócrata Jason Crow acompañado ‎de la republicana Liz Cheney, en el más perfecto estilo bipartidista [1]. Liz Cheney es hija de Dick Cheney, el vicepresidente de ‎Estados Unidos bajo la administración George W. Bush, precisamente la administración que ‎decidió e inició la invasión y posterior ocupación de Afganistán, bajo el pretexto oficial de ‎capturar a Osama ben Laden [2]).‎
La enmienda condena explícitamente el acuerdo de retirada parcial de las tropas ‎estadounidenses, afirmando que perjudica «los intereses de seguridad nacional de ‎Estados Unidos», que «no representa una solución diplomática realista» y que ‎‎«no proporciona protección a poblaciones vulnerables». Para recibir ser autorizado a reducir las ‎tropas estadounidenses en Afganistán, el Pentágono tendría que certificar que ello ‎‎«no comprometerá la misión antiterrorista de Estados Unidos». No es casualidad que el ‎‎New York Times haya publicado recientemente un artículo [3] basado en información proporcionada (sin pruebas) por agentes de ‎la inteligencia estadounidense–, que acusa a «una unidad de la inteligencia militar rusa» de haber ‎ofrecido a militantes talibanes recompensas por matar soldados de la coalición en Afganistán, ‎atacando principalmente a los estadounidenses. Esa “información” fue repetida de inmediato ‎por los principales medios de difusión de Estados Unidos sin que ningún cazador de fake news ‎tratara de verificarla. ‎
Una semana después se aprobó en el Congreso la enmienda que impide la reducción de las tropas ‎estadounidenses en Afganistán. ‎
Esto confirma cuál es el verdadero objetivo de la intervención militar de Estados Unidos y ‎la OTAN en Afganistán: controlar esa área de primera importancia estratégica. Afganistán es la ‎encrucijada entre el Medio Oriente y el centro, el sur y el este de Asia. En esa área –en ‎el Golfo Pérsico y el Mar Caspio– hay grandes reservas de petróleo. Allí están presentes Rusia ‎y China, cuya fuerza va en aumento, así como su influencia en los foros mundiales. Como ‎advertía el Pentágono en un informe del 30 de septiembre de 2001 [4] –sólo una semana antes de la invasión de Estados Unidos ‎contra Afganistán– «existe la posibilidad de que aparezca en Asia un rival con una formidable ‎base de recursos». ‎
Esa posibilidad está materializándose, así que los «intereses de seguridad nacional de ‎Estados Unidos» exigen mantener las tropas en Afganistán… a cualquier precio. ‎
Manlio Dinucci
Fuente
Il Manifesto (Italia)


Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio
[1] En realidad, quien decide ‎lo que hacen los congresistas demócratas es Susan Rice, ex consejera de Seguridad de la ‎administración Obama. Pero, como ella no es congresista, quien presentó la proposición de ‎enmienda fue Jason Crow, implicado a fondo en los intentos de destituir al presidente Trump. ‎Por cierto, la acusación según la cual Rusia estaría financiando el asesinato de militares ‎estadounidenses en Afganistán carece de todo sentido ya que el número de bajas de ‎Estados Unidos en ese país está en constante descenso. Ver “Trump Puts Russia First”, por Susan Rice, The New York Times (Estados Unidos), Voltaire ‎Network, 1º de julio de 2020.
[2] L’Effroyable Imposture suivie du Pentagate, Thierry Meyssan, réédition Demi-Lune.
[3] “Russia Offered Afghans Bounty ‎To Kill U.S. Troops, Officials Say”, Charlie Savage, Eric Schmitt y Michael Schwirtz, The New York ‎Times, 27 de junio de 2020.
[4] Quadrennial Defense ‎Review Report, p. 12, Department of Defense, ‎‎30 de septiembre de 2001.